¿Solidaridad ilegal?

Reproducimos un interesante artículo publicado por Susana Quadrado en La Vanguardia

El que sigue pretende ser un llamamiento a la desobediencia civil. En un Estado como este, democrático y de Derecho, ahora resulta que la solidaridad con los sin papeles se va a penalizar. El anteproyecto de ley de Extranjería, ahora en trámite parlamentario, sanciona como falta muy grave con la multa de 501 a 30.000 euros “a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero” entendiendo por tal “cuando el extranjero dependa económicamente del infractor”. Un enunciado así merece una respuesta de insumisión como la que ya han anunciado ONG y entidades religiosas.

Que España adopte una posición tan contraria a los derechos humanos crea un grave problema ético y social, ya que convierte en ilegal un valor tan estructuralmente necesario como es el de la solidaridad, y más en tiempos de crisis. La nueva modificación, la quinta desde el 2001, de la ley de Extranjería no puede dejarnos indiferentes. No entraré ahora en otro de los puntos más discutidos por las ONG: el aumento de 40 a 60 días de la retención de sin papeles en los centros de internamiento. Se ha querido vender esta reforma como la panacea que resolverá las nuevas cuestiones de la inmigración en un momento en que la situación económica augura problemas de supervivencia a los inmigrantes residentes en España. Ya veremos.

Algo chirría cuando son las propias ONG y asociaciones religiosas las que expresan su temor a que la aplicación de algunos aspectos de la nueva ley hagan aflorar “actitudes de xenofobia y racismo”. ¿No estaremos pasando de un lado al otro del péndulo con la excusa de la crisis? Castigar la ayuda humanitaria responde a una lógica peligrosa. La reforma equipara a quien intenta ayudar a un extranjero -sea dándole comida o un techo bajo el que dormir- con las mafias que explotan la inmigración clandestina.

El Gobierno limita el problema a una cuestión de interpretación legal, asegura que su única pretensión es evitar los abusos y promete que a la hora de poner la sanción se tendrá en cuenta cómo se facilita la “ayuda”. Aun así, siempre quedará la sensación de que esta ley busca un efecto intimidatorio para que los ciudadanos nieguen cualquier tipo de ayuda o incluso delaten al extranjero irregular. ¿Qué hará el sacerdote que abre su casa al inmigrante? ¿Y el médico que le atiende? ¿Y su abogado, si lo tiene? ¿Y la familia que le da empleo para que cuide de un dependiente? Según esta lógica, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero, el extranjero volverá a su país… Sin la hospitalidad de algunas entidades o particulares, los sin papeles están abocados a la marginalidad y a la delincuencia. La solución es sencillísima: se cambia el texto para que sólo se sancione cuando haya “ánimo de lucro” y punto. Es sólo cuestión de voluntad política.

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