Interesante artículo publicado en El Periódico de Aragón

Esta población es responsable de un 30% del crecimiento del PIB español en estos últimos años

La postura del Ayuntamiento de Vic de no empadronar los inmigrantes que no estuvieran regularizados con un empleo, aunque desechada tras el informe en contra de la abogacía del Estado, ha ocasionado la reaparición de un debate sobre la inmigración, muy peligroso cuando el desempleo ha pasado a ser el primer problema de los ciudadanos y el sentimiento de que los escasos trabajos a repartir deben ser para los autóctonos, está a flor de piel. Cuando la racionalidad debe primar, el PP aprovecha la circunstancia para desgastar al Gobierno con mensajes como “no cabemos todos”, o esto es consecuencia del “papeles para todos”, ” hay que reformar la ley de extranjería” aprobada hace apenas un mes por abrumadora mayoría en el Congreso, para prohibir por ley la regularización; parece ser que desconocen el pacto sobre Inmigración y Asilo de la UE suscrito por España.

Como ya es costumbre, los dirigentes populares, sin calcular las consecuencias sobre los intereses generales del país y sin tomarse siquiera la molestia de perfilar sus alternativas, hacen populismo con el único interés de sacar réditos electorales. Ya lo hicieron en la campaña de las elecciones generales pasadas cuando Mariano Rajoy propuso un contrato para que los inmigrantes asumieran nuestras costumbres, confundiendo derechos y deberes que deben ser iguales para todos, con costumbres. El hecho real es que la inmigración en España ha pasado de suponer el 1´8% hace diez años, menos de un millón, al 12% de ahora; hemos pasado de ser un país emisor a receptor de casi seis millones de personas.

HAN SIDO UN ACTIVO importante de nuestro desarrollo con una enorme voluntad de trabajo, claramente reflejada en la alta tasa de actividad, cercana al 77,5%, veinte puntos por encima de la media de la población autóctona. Ellos cubren gran parte de las actividades agrícolas, de atención a las familias, de construcción, hostelería, transporte y otros muchos oficios del sector servicios que difícilmente cubríamos con nuestros trabajadores. Ellos son responsables de un 30% del crecimiento de nuestro PIB en estos últimos años.

Pero además, han resuelto en parte, uno de los problemas históricos de nuestro mercado de trabajo, la escasa movilidad geográfica y funcional: ellos por la necesidad de trabajar y por el escaso arraigo familiar, cuadruplican a los autóctonos en la disponibilidad para desplazarse por toda la geografía española, lo que en esta época de crisis supone mayor disponibilidad para ocupar huecos del mercado laboral en su lucha contra el desempleo. De la misma manera la mayor preparación de algunos de ellos no les ha impedido asumir empleos menos cualificados y mejorar paulatinamente. Cuantas familias de nuestras clases medias han visto en ellos la ayuda para cuidar a nuestros hijos y mayores.

Pensar en la reactivación económica estigmatizándolos o culpándoles de la crisis, es un disparate que crece en todos los países receptores de inmigración, los prejuicios que valoran a los inmigrantes como personas que quitan el trabajo a los autóctonos, están a la orden del día. Todos los organismos internacionales alertan sobre este peligro que puede generar tensiones xenófobas y dificultades para mantener la cohesión social. Es obligación de las instituciones públicas y de la sociedad civil, combatir estas ideas, evitar mensajes que señalen a la inmigración como causante o agravante de la crisis. Por eso es inoportuna la posición de algunos ayuntamientos cuando justifican la limitación de los empadronamientos por el aumento de costes en los servicios (sanidad y educación sobre todo) porque hacen diferencias entre población autóctona e inmigrante cuando más precisa mejorar la convivencia, gestionar la diversidad y potenciar la integración.

Situar la inmigración entre los principales elementos del debate electoral como dice Alicia Sánchez Camacho, responsable del PP en Cataluña, es muy arriesgado para el conjunto de la sociedad, sacar un puñado de votos por esa vía, es de un populismo soez.
Diputado socialista por Zaragoza

La vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández De la Vega, recordó este martes al alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, que no es “razonable” que una corporación tome decisiones unilaterales que “no están en el marco de la ley” sobre el censo de los inmigrantes en una localidad.

“Hay que sujetarse a la ley”, señaló De la Vega en una rueda de prensa tras reunirse con representantes de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) contempladas en la ley.

Al ser preguntada por los actos de violencia racial que están teniendo lugar en la localidad italiana de Calabria, De la Vega se limitó a recordar que la inmigración tendrá prioridad durante la Presidencia española de la UE porque el Gobierno cree en la necesidad de avanzar hacia una política común en esta materia.

Recordó que, durante este semestre, el Gobierno tendrá que evaluar el pacto europeo sobre inmigración y que será en ese momento cuando se tratarán todas estas cuestiones y se marcará como objetivo prioritario avanzar en integración.

En la misma línea se manifestó la secretaria federal de la FSESP, Carola Fischbach-Pyttel, quien confió en alcanzar una posición común en el seno de la UE sobre los acontecimientos ocurridos en Calabria durante las reuniones que prevé celebrar el sindicato para la región mediterránea tanto en Italia como en España.

La recesión ha frenado la entrada de inmigrantes. Pero el flujo continúa creciendo de forma importante pese a las dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Los datos los acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE), y ponen de manifiesto hasta qué punto la inmigración continúa desbordando las previsiones. En concreto, y según las estimaciones del INE, durante los primeros nueves mses del año nada menos que 371.226 inmigrantes se han inscrito en los distintos padrones municipales. La horquilla se ha movido entre los 45.072 inmigrantes que se inscribieron en el mes de marzo y los 35.148 registrados en agosto, lo que da idea de la intensidad del fenómeno migratorio.
Esto significa que cada mes se inscriben (como media) 41.247 inmigrantes en los registros oficiales, lo que ha sorprendido a los estudiosos en cuestiones de inmigración, que esperaban un reflujo más importante en la entrada de inmigrantes en un contexto económico tan negativo como el actual: la mayor recesión en medio siglo. Los datos del INE se hacen a partir de un modelo econométrico, ya que las cifras del Padrón se conocen con algunos meses de retraso. No son, por lo tanto, inscripciones formales en los ayuntamientos, pero sí son un indicador adelantado de lo que va a ocurrir.
Según un importante demógrafo que prefiere guardar su identidad, estamos ante un fenómeno derivado en parte al hecho de que trasladarse de un país a otro forma parte de un ‘proyecto vital’, por lo que muchas decisiones se tomaron antes de que se conociese la virulencia de la crisis económica. O dicho en otros términos, ahora están registrándose en los padrones municipales –con papeles de residencia o sin ellos- aquellos ciudadanos que tomaron la decisión de viajar a España hace uno o dos años en busca de un puesto de trabajo.
Las cifras del INE revelan, en cualquier caso, un frenazo importante en la entrada de inmigrantes. Entre enero y septiembre del año pasado se inscribieron en España 568.162 inmigrantes, un 53% más que en el mismo periodo de 2009. Lo verdaderamente relevante, sin embargo, es que al mismo tiempo que siguen entrando muchos inmigrantes, la salida del número de trabajadores extranjeros se ha acelerado de forma notable ante las dificultades para encontrar o mantener un puesto de trabajo. Según los datos más recientes de Estadística, nada menos que 316.873 trabajadores extranjeros fueron dados de baja en los padrones municipales durante los nueve primeros meses del año. La horquilla, en este caso, se mueve entre un máximo de 38.292 inmigrantes que fueron dados de baja del padrón en septiembre y los 31.946 de agosto.
Esta salida intensa en el número de inmigrantes ha podido compensar la llegada de extranjeros, y gracias a ello el saldo migratorio neto (relación entre los ciudadanos extranjeros que entran en el país y los que salen) ha caído en picado. Aún así, en los nueve primeros meses del año el padrón municipal ha registrado un aumento de 54.353 nuevos inmigrantes en un contexto extremadamente difícil desde el punto de vista de la actividad económica.
Hito histórico
La cifra es, en cualquier caso, notablemente inferior a los 443.930 inmigrantes que entraron en 2008 (saldo neto) para el conjunto del año o los 716.257 nuevos inscritos en 2007, año que marca un hito en cuanto a entrada de ciudadanos extranjeros coincidiendo con un ejercicio de fuerte crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB).
La entrada neta de población inmigrante explica, en cualquier caso, cerca del 40% del crecimiento de la población a lo largo de este año. Las estimaciones del INE indican que la población actual de España -con datos hasta el mes de octubre- se sitúa en 45.967.632 personas. O lo que es lo mismo, 139.460 ciudadanos más que al comenzar el año 2009.
El INE publica la información sobre la entrada de extranjeros a partir del flujo mensual de inmigrantes que proporcionan las Estimaciones Mensuales de Coyuntura Demográfica (EMECO), concretamente las referidas a las variaciones padronales identificadas como entradas en España procedentes del extranjero. Se trata, por lo tanto, de una estimación que posteriormente es confirmada con datos reales. Estos modelos demográficos son los que sirven para estimar el crecimiento de la población activa, y de ahí su importancia en términos económicos.

El Pleno del Congreso ha rechazado hoy las enmiendas a la totalidad planteadas a la nueva Ley de Extranjería.- Ahora empezará la negociación

Aunque el PSOE ha logrado superar la primera barrera en el Congreso de los Diputados para la aprobación de la nueva Ley de Extranjería al lograr, gracias al apoyo de CiU y Coalición Canaria, rechazar las enmiendas a la totalidad planteadas por el PP, PNV y ERC-IU-ICV, los socialistas se verán obligados a negociar con los demás grupos, que han exigido “cambios profundos” en el nuevo texto, según informa El País.

Durante su intervención en el Pleno, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha asegurado que el Ejecutivo “tiende la mano a los grupos parlamentarios para incorporar las mejoras necesarias” y ha subrayado la necesidad de aprobar una reforma, que ha tildado de “necesidad de Estado”, y que consolida la inmigración legal y ordenada y la adapta a las necesidades del mercado de trabajo.

El PP, pese a haber expresado su voluntad de alcanzar un acuerdo con el PSOE, aunque ello “dependerá de su altura de miras [de Corbacho], ha asegurado, en boca de su portavoz Rafael Hernando, que la política migratoria del Ejecutivo ha pasado del “papeles para todos a problemas para todos” y sus regularizaciones “masivas” tampoco han servido, dado que el actual número de irregulares ronda “el millón, según un sindicato”.

Pero para la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería, será necesario el acuerdo con los nacionalistas y la izquierda, que han pedido al Gobierno que suavice las restricciones a la inmigración. Desde las filas del PNV, Emilio Olabarría ha criticado “la concepción parternalista del extranjero que rezuma la redacción del texto”. El portavoz de ICV, Joan Herrera, ha dicho que el texto está “diseñado para poder llegar a un acuerdo con el PP” y ha añadido que lo más importante en estos momentos es garantizar la “cohesión social”, algo que a su juicio se consigue otorgando el derecho al voto a todos los inmigrantes. Por su parte, el diputado de ERC Joan Tardà ha asegurado que el documento “no está a la altura” de un Gobierno de izquierdas”.

Contra los 60 días de internamiento

La ampliación de 40 a 60 días del plazo máximo de estancia en los Centros de internamiento de Extranjeros ha sido una medida muy criticada tanto por el PNV como ERC e ICV, que han recordado que los sin papeles están retenidos en estos centros únicamente por una falta administrativa. Además, coincidieron en señalar que el proyecto de ley vulnera los derechos de los inmigrantes.

Para Ana Oramas (Coalición Canaria), el texto del Gobierno “sirve de base para el debate, pero está muy lejos de tener el apoyo de esta formación por su graves lagunas”, especialmente por dejar que “Canarias afronte en solitario la atención a los menores inmigrantes no acompañados”. Por último, el BNG ha afirmado que “hay muchas cuestiones que hay que mejorar, como el tiempo de internamiento, la reagrupamiento familiar y el derecho a la educación”.