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Ley de Memoria Histórica: Concesión de la nacionalidad a los nietos de españoles

La Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, reconoce la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la Guerra Civil y la Dictadura.

En consecuencia, la citada Ley permite la adquisición por opción de la nacionalidad española de origen a las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

La solicitud deberá presentarse a partir del 28 de Diciembre del 2008 y antes del 29 de diciembre de 2010.

Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y 31 de diciembre de 1955.

SOLICITUD DE LA NACIONALIDAD

Hay 3 tipos de solicitudes diferentes de la nacionalidad española de origen:

1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
2. Los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio
3. Las personas que ya optaron a la nacionalidad española no de origen

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¿Solidaridad ilegal?

Reproducimos un interesante artículo publicado por Susana Quadrado en La Vanguardia

El que sigue pretende ser un llamamiento a la desobediencia civil. En un Estado como este, democrático y de Derecho, ahora resulta que la solidaridad con los sin papeles se va a penalizar. El anteproyecto de ley de Extranjería, ahora en trámite parlamentario, sanciona como falta muy grave con la multa de 501 a 30.000 euros “a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero” entendiendo por tal “cuando el extranjero dependa económicamente del infractor”. Un enunciado así merece una respuesta de insumisión como la que ya han anunciado ONG y entidades religiosas.

Que España adopte una posición tan contraria a los derechos humanos crea un grave problema ético y social, ya que convierte en ilegal un valor tan estructuralmente necesario como es el de la solidaridad, y más en tiempos de crisis. La nueva modificación, la quinta desde el 2001, de la ley de Extranjería no puede dejarnos indiferentes. No entraré ahora en otro de los puntos más discutidos por las ONG: el aumento de 40 a 60 días de la retención de sin papeles en los centros de internamiento. Se ha querido vender esta reforma como la panacea que resolverá las nuevas cuestiones de la inmigración en un momento en que la situación económica augura problemas de supervivencia a los inmigrantes residentes en España. Ya veremos.

Algo chirría cuando son las propias ONG y asociaciones religiosas las que expresan su temor a que la aplicación de algunos aspectos de la nueva ley hagan aflorar “actitudes de xenofobia y racismo”. ¿No estaremos pasando de un lado al otro del péndulo con la excusa de la crisis? Castigar la ayuda humanitaria responde a una lógica peligrosa. La reforma equipara a quien intenta ayudar a un extranjero -sea dándole comida o un techo bajo el que dormir- con las mafias que explotan la inmigración clandestina.

El Gobierno limita el problema a una cuestión de interpretación legal, asegura que su única pretensión es evitar los abusos y promete que a la hora de poner la sanción se tendrá en cuenta cómo se facilita la “ayuda”. Aun así, siempre quedará la sensación de que esta ley busca un efecto intimidatorio para que los ciudadanos nieguen cualquier tipo de ayuda o incluso delaten al extranjero irregular. ¿Qué hará el sacerdote que abre su casa al inmigrante? ¿Y el médico que le atiende? ¿Y su abogado, si lo tiene? ¿Y la familia que le da empleo para que cuide de un dependiente? Según esta lógica, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero, el extranjero volverá a su país… Sin la hospitalidad de algunas entidades o particulares, los sin papeles están abocados a la marginalidad y a la delincuencia. La solución es sencillísima: se cambia el texto para que sólo se sancione cuando haya “ánimo de lucro” y punto. Es sólo cuestión de voluntad política.

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Plataforma ciudadana plantea que ley Extranjería criminaliza la hospitalidad

La Plataforma ‘Salvemos la Hospitalidad’, formada ‘espontáneamente’ por organizaciones sociales y ciudadanos, ha presentado en el Parlamento un manifiesto con más de siete mil firmas que cuestiona la reforma de La Ley de Extranjería porque ‘criminaliza’ a los que acogen a extranjeros en situación irregular.

El portavoz de la plataforma y profesor universitario, José Luis Segovia, ha calificado de ‘preocupantes’ los artículos que, en su opinión, criminalizan valores éticos como la hospitalidad, ‘fundamental en todas las culturas’, la solidaridad y el cuidado del otro, según informa el portal de internet Terra.

El escrito recuerda que el anteproyecto de la Ley de Extranjería señala como infracción grave (con multa de 501 a 10.000 euros) la promoción de permanencia irregular de un extranjero que se produce ‘cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y prolongue la estancia más allá del periodo legalmente previsto’.

‘Así, la ley introduce el deber de denunciar a los familiares, suprimido desde el siglo XIX, y añade el riesgo de padecer la misma sanción que la persona que se encuentra en situación de irregularidad’, que puede expulsada del territorio español, ha señalado Segovia.’Salvemos la Hospitalidad’ considera que esto es ‘especialmente grave’ para las personas extranjeras legales que acogen a familiares o amigos.

Además, el manifiesto critica que la ley pretenda utilizar el padrón, ‘que sólo tiene eficacia censal’, como una prueba de residencia legal, porque sanciona a quien inscriba en el padrón a un extranjero ‘cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real’.

‘Nos parece una auténtica barbaridad que el padrón, que ha sido siempre un instrumento al servicio de la ciudadanía democrática, se torne un instrumento de control social al servicio de restricción de los derechos para los cuales sirvió’, ha señalado Segovia.

La plataforma ha surgido ‘espontáneamente’ de ciudadanos de todo tipo de convicciones, creencia e ideologías ‘únicamente preocupados por la dignidad de las personas consideradas más allá del ámbito y la situación administrativa’, ha señalado María Dolores Rodríguez, una de las firmantes del manifiesto.

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Estudio del INE sobre la población inmigrante

La Encuesta Nacional de Emigrantes muestra que la calidad de vida es la principal motivación para trasladarse a España. Si en 1986 un gran porcentaje de los inmigrantes eran estudiantes, hoy más de la mitad trabajaba en su país

Ocho de cada diez inmigrantes quiere permanecer en España, al menos durante los próximos cinco años, según informa el Diario de Navarra.

De acuerdo con un estudio realizado por el INE, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y el Ministerio de Trabajo, y que examina aspectos diversos sobre los inmigrantes, como la motivación que les llevó a dejar su país rumbo a España, las formas de convivencia o el dinero que envían a su familia. El INE concreta que en España hay 4,5 millones de inmigrantes, el 10% de la población. Su perfil es el de un varón con una edad media de 38,4 años.
Permanecer en el país El 80,6% de los inmigrantes tienen intención de permanecer en España, por un 6,7% que ha decidido volver a su país, un 1,2 que piensa en trasladarse a otra nación y un 11,5% que se muestra indeciso.

Reagrupamiento familiar A pesar de la intención de mantenerse en España, la mayoría, casi el 70% asegura no tener intención de traer a sus familiares a España. Un 25% sí quiere hacerlo.
Envío de dinero Casi cuatro de cada diez inmigrantes envían dinero fuera de España. Sin embargo, estos datos cambian notablemente según el país de origen. Así, por ejemplo, la mitad de los americanos envía dinero, pero hay grandes diferencias entre los argentinos (lo hace el 21%) y los ecuatorianos, colombianos y bolivianos (lo hace entre el 63 y el 67%).

Mejorar, la motivación La calidad de vida, un empleo mejor y la reagrupación familiar son las motivaciones para venir a España más mencionadas . Lo hace el 40, el 39 y el 32%. También aducen la falta de empleo, el coste de la vida e incluso el clima.

La mayor parte, con contactos previos Ocho de cada diez inmigrante tenían contactos previos en España antes de venir. Lo más llamativo es el crecimiento de este dato: entre quienes llegaron a España entre 1990 y 1997 un 74% conocían a alguien en el país; el porcentaje sube al 86,2% entre quienes emigraron desde 2005.

En avión El transporte mayoritario para llegar a España es el avión. Así emigraron seis de cada diez. En autocar viajaron el 11% , en automóvil, el 10% y en barco, el 9%.

Hablan español El 45% de los inmigrantes hablan castellano como lengua materna. Uno de cada cinco habla idiomas indoeuropeos como el alemán o en el inglés y unos pocos menos hablan otras lenguas latinas como el rumano, el francés, el portugués… Los idiomas afroasiáticos (árabe) son hablados por un 11%.

Nivel alto de estudios Más de la mitad de los inmigrantes ha superado la educación secundaria, mientras que uno de cada cinco es titulado superior. Los inmigrantes sin estudios suponen el 11,7%.

Casados en su mayoría Está casado algo más de la mitad de los inmigrantes. Sin embargo, un 12,% de ellos no reside con su cónyuge. Los solteros suponen el 37,7% de la población inmigrante. No obstante, tres de cada diez solteros, divorciados, separados o viudos convive en España con otra pareja.

Los hijos, fuera de España En algo más de una tercera parte de los hogares de inmigrantes conviven la pareja con sus hijos. Sin embargo, otra tercera parte convive sin pareja ni hijos. El INE destaca que los hijos del 86,6% de los inmigrante continúan en su país natal.
3,4 miembros en el hogar En 2,16 millones de hogares reside al menos un inmigrante. El tamaño medio del hogar, 3,4 miembros, es mayor que el de los españoles, 2,7. Cabe destacar que en uno de cada cinco hogares de inmigrantes viven cinco personas o más.

Alquilados Cuatro de cada diez inmigrantes vive alquilado aunque un porcentaje ligeramente menor tiene viviendas en propiedad. La mayoría reside en pisos o apartamentos aunque una cuarta parte vive en un adosado o unifamiliar. En su mayoría las casas disponen de todo tipo de instalaciones (agua, electricidad, baño), aunque se ha detectado que el 44% de ellas carece de calefacción.

Con trabajo antes Más de la mitad de los inmigrantes trabajaba antes de trasladarse a España. En ese sentido desde 1986 ha cambiado notablemente el perfil de los inmigrantes. En ese año el 40% era estudiante y una cuarta parte trabajaba. Ahora el 56% trabajaba y era estudiante poco más del 20%.

Sin contrato previo La inmensa mayoría, el 84%, llegó sin ningún tipo de contrato previo, incluso en los casos de altos niveles profesionales. A pesar de ello, tres de cada diez logró un empleo en dos semanas y sólo a un 10% le costó más de un año.

Por debajo de su nivel de estudios Una gran parte trabaja en puestos por debajo de su cualificación. De los 1,2 millones de trabajos no cualificados, el 71% lo realizan inmigrantes con educación secundaria o titulación superior.

Sector servicios y alta rotación El sector servicios, con un 64%, y la construcción, con un 19%, copan a los trabajadores inmigrantes. Los datos señalan que rotan de empleo en empleo: un 44% ha cambiado de sector y casi el mismo porcentaje ha tenido tres o más empleos. De hecho, el número medio de contratos laborales de los inmigrantes es de 2,6.

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Sólo uno de cada cien inmigrantes en paro pide la prestación para regresar a su país

Apenas el 1% de los trabajadores inmigrantes en paro se han acogido al plan del gobierno. La novedad de este plan reside en que los trabajadores pueden percibir por adelantado el total de la prestación por desempleo en dos partes, un 40% en España poco antes de marchar y el 60% restante al mes siguiente, ya en su país de destino.

Esa cifra supone apenas el uno por cien del total de trabajadores extranjeros que están en el paro. En el conjunto de España, son 4.000 los inmigrantes que se han acogido a este novedoso plan entre mitad de noviembre y mitad de marzo, según datos del Ministerio de Trabajo, lo que demuestra el escaso eco del Plan.

El programa, que el Gobierno puso en marcha en noviembre, está dirigido a los inmigrantes procedentes de los 19 países que tienen convenios en materia de Seguridad Social con España (Andorra, Ecuador, Perú, Argentina, Estados Unidos, República Dominicana, Australia, Federación Rusa, Túnez, Brasil, Filipinas, Ucrania, Canadá, Marruecos, Uruguay, Chile, Méjico, Venezuela, Colombia y Paraguay). Quedan excluidos, por ejemplo, la casi totalidad de los africanos (exceptuando a los marroquíes y a los tunecinos) y de los asiáticos.

El plan de retorno prevé que los trabajadores de estas nacionalidades que estén en paro puedan recibir toda la prestación de desempleo a la que tienen derecho en dos plazos. El primero, del 40% del total, en España. El otro 60% lo reciben al mes siguiente, ya en su país de origen. A cambio, no podrán volver al menos en tres años.

El Gobierno había previsto que se acogiera no menos de un millón de trabajadores extranjeros al programa. Poco después redujo la cifra con un dígito mucho más moderado: 87.000 personas. Ahora se ha sabido que sólo se han acogido en los primeros cuatro meses 3.926 personas, la mayoría de Ecuador (1.688 trabajadores), Colombia (713) y Argentina (393). De éstos, 838 residían en la provincia de Madrid, 446 en Murcia, 399 en Barcelona, 262 en Valencia y 260 en Alicante, según los datos del Ministerio.

Del desinterés por este plan ya se hicieron eco en el mes de noviembre y diciembre las principales asociaciones y colectivos de extranjeros en España, según informa La Verdad.

Arraigo familiar

Un factor que explicaría el poco éxito del programa está relacionado con el arraigo de las familias extranjeras tienen en España.

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Trabajo en España: más de dos millones de nuevos inmigrantes hasta el 2020

Según el artículo publicado por el periódico económico Cinco Días, España necesita dos millones de inmigrantes para cubrir las necesidades de su mercado laboral hasta el 2020. El texto completo del artículo es el siguiente.

Los 4,4 millones de extranjeros no serán suficientes para saciar a medio plazo la oferta de empleo en España, según los expertos. El país necesitará dos millones de inmigrantes más para seguir adelante en los próximos años. En concreto, las necesidades pasan por 157.000 nuevos inmigrantes al año de aquí hasta 2020, para satisfacer la demanda de recursos humanos.
Esto se debe en parte a que la fuerza laboral española se viene reduciendo desde la década pasada, y cada vez hay menos nativos españolas con edad apta para trabajar en relación con los que se están jubilando.

Reflexiones como ésta se incluyen en un informe hecho público ayer, realizado por la Fundación Empresa y Sociedad, y con el que se pretende acabar con ‘los mensajes catastrofistas’, del supuesto impacto negativo de los inmigrantes en la sociedad española.

Diferentes especialistas de este organismo, como su director Francisco Abad, explicaron ayer que la inmigración no debe ser tomada como un asunto pasajero sino como un fenómeno trascendental en la economía española, ya que ‘el 50% del crecimiento del PIB de los últimos cinco años se puede asignar a este proceso’. Abad recordó que ya en 2005 los inmigrantes ocuparon más del 50% de los nuevos empleos.

Por su parte, Rafael Puyol, demógrafo y vicepresidente de la Fundación Instituto y Empresa, recalcó que la inmigración se debe a dos factores, uno demográfico y otro económico, ya que por un lado, los españoles tienen bajo relevo generacional, y por el otro, el desarrollo genera puestos de trabajos que deben ser cubiertos. El economista Josep Oliver, otro de los colaboradores del estudio, explicó que los inmigrantes pagan su estancia en España, y de momento, gastan poco en pensiones y educación. A su juicio, en el peor escenario económico de España como en una recesión, el país necesitaría de su fuerza laboral.

Sobre los inmigrantes en situación de desempleo, especialmente en la construcción, en donde se encuentra el 23% de los trabajadores extranjeros, Alfonso Jiménez, director de PeopleMatters y Manuel Pimentel, presidente del Grupo Almuzara, defendieron el derecho de éstos a percibir prestaciones de paro como cualquier trabajador residente en España. ‘Debemos recordar que ellos no le quitan dinero al Estado, sino que éste les retiene su dinero’, comentó, ante quienes siembran la duda de su aportación a la economía. La misma idea la comparten empresarios como Miguel Ángel García, del Grupo Vips, quien indicó que éstos cubren el déficit de personal en sectores como el que representa.

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Catálogo de Ocupación de Difícil Cobertura – Barcelona: 1er Trimestre 2009

Para conseguir la residencia legal en España, uno de los trámites clásicos en la presentación de una oferta de trabajo, simpre que el inmigrante nos e encuentre en España. El inmigrante que presenta la oferta debe sugetarse al Catálogo de Ocupación de Difícil Cobertura, que se actualiza trimestralmente.

Dada la importancia de la oferta de Trabajo para conseguir la residencia legal en España, en este blog iremos colgando puntualmente las ocupaciones disponibles en el catálogo en la provincia de Barcelona.

www2.inem.es/catalogoOcupaciones/web/asp/inc/busqueda.asp?proceso=buscar&numRegistros=0&registroActual=1&provincia=08&localidad=&territorioFiltro=BARCELONA

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La nueva Ley de Extranjería

Interesante articulo de Xavier Rius publicado en El Periódico de Catalunya, periodista y autor de El libro de la inmigración en España.

“Cinco semanas después de que el Partido Popular presentara en el Congreso un proyecto de reforma de la ley de extranjería, el Gobierno aprobó el pasado 19 de diciembre su propuesta para modificar la ley que deberá debatir ahora el Congreso. Una ley que debía haber sido modificada hace más de tres años en cumplimiento de directivas europeas relativas a los derechos laborales y sociales que deben tener también en España los extracomunitarios con permiso de trabajo de larga duración concedido en otro país de la Unión. Las sentencias del Tribunal Constitucional, que en el 2007 anularon las restricciones de derechos introducidas por la reforma que se hizo a finales del 2000, también exigían cambiar la ley. Posiblemente el temor de que el Partido Popular aprovechara el debate parlamentario para agitar electoralmente el fenómeno de la inmigración para desgastar al Gobierno ha sido una de las causas de que su reforma se haya demorado hasta ahora.

El texto de 70 artículos aprobado por el Consejo de Ministros incluye dos de los cuatro aspectos más relevantes que planteó el PP: alarga de 40 a 60 días el periodo de internamiento de aquellos cuya expulsión se tramita, y endurece las condiciones de la reagrupación familiar. Pero no introduce el llamado contrato de integración que solicitaba el PP, ni modifica la regularización por arraigo social de los irregulares, cuestión esta última que, como en tantas otras, dependerá, en la práctica, de lo que establezca el reglamento. Por ello, pese a que se ha anunciado como una reforma en profundidad de la ley, a excepción de los cambios de calado relativos a la reagrupación y las expulsiones, el cambio de política migratoria y de gestión del flujo anunciado por el ministro Celestino Corbacho se dirimirá realmente en el futuro reglamento y, sobre todo, en su posterior aplicación. Las importantes mejoras de derechos comentadas por la vicepresidenta Fernández de la Vega, relativas a los derechos de manifestación, asociación, huelga, educación, etcétera, que el PP recortó en el 2000, no significan apenas cambio, dado que dichos recortes nunca fueron aplicados.

La prolongación del periodo de internamiento de 40 a 60 días es una de las modificaciones más significativas, pese a que el cambio más importante no es este alargamiento en sí mismo, dado, que si la nacionalidad de alguien no se ha podido identificar en 40 días, poco más se podrá hacer en 60, sino el inciso que se añade indicando que el cómputo de este periodo quedará suspendido “en caso de enfermedad del extranjero o por otras causas no imputables a la Administración”. Como muchos de los que llegan en patera necesitan tratamiento médico o ingreso en un hospital, hasta que este no finalice no se les pondrá en marcha el cómputo de los 60 días. Las otras causas no imputables a la Administración pueden ser un cajón de sastre para hacer repatriaciones más allá de la fecha tope.

El proyecto dice que el extranjero en situación irregular o que sea sorprendido entrando irregularmente en España que denuncie a quienes le han traído al país o, en caso de redes de prostitución, a la red que lo somete, “podrá quedar exento de responsabilidad y no ser expulsado”. Una posibilidad discrecional de suspensión de la expulsión que ya está vigente y que, lamentablemente, el Gobierno apenas ha concedido. Por ello, una vez más, todo dependerá de la voluntad política del momento. Es preocupante, también, la modificación que considerará infracción grave el hecho de sostener eco- nómicamente a un extranjero en situación irregular.

Si es positiva la modificación de las condiciones de reagrupación familiar que permitirá trabajar de inmediato al cónyuge y a los hijos de 16 y 17 años –que actualmente llegaban con permiso de residencia pero sin permiso de trabajo– es, en cambio, negativa, desde un punto de vista humano, las dificultades a la reagrupación de los padres. Ello solo será posible cuando el extranjero lleve más de cinco años en España, y siempre y cuando los padres sean mayores de 65 años. Y a estos, en la práctica, les será imposible reagrupar con posterioridad a otros hijos.

El proyecto no dice nada de las competencias que el Estatut de Catalunya concede ya a la Generalitat en materia de gestión de permisos. Por si acaso, se ha añadido un artículo, que será el 2 bis, que deja claro que corresponde al Estado la política migratoria “sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por los Estatutos de las comunidades autónomas”.

He comentado que lo sustancial de la política migratoria no ha sido tanto el enunciado de la ley como su reglamento y aplicación. Conseguir los visados de entrada era rápido y fácil para las contrataciones colectivas, pero para un pequeño empresario que reclamaba un trabajador, o para una familia que precisaba una asistenta, el visado podía demorarse nueve o trece meses y ello repercutía como un verdadero efecto llamada en los irregulares. Evidentemente ahora, con la crisis, debe disminuir la contratación de nuevos inmigrantes, pero es preciso que los que se seleccione consigan el visado en solo dos o tres meses. En hechos como éste se demostrará o no la voluntad de hacer que el flujo migratorio funcione.

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Saber catalán será obligatoria para conseguir el arraigo

Los inmigrantes que residan en Cataluña y quieran regularizar su situación deberán acreditar un conocimiento mínimo de la lengua catalana para obtener el preceptivo certificado de arraigo, según informa El País. Así se establece en el Pacto por la Inmigración que han rubricado los grupos que apoyan al Gobierno catalán, Convergència i Unió y una veintena de sindicatos, instituciones y entidades como SOS Racismo. El pacto, con una redacción totalmente inconcreta, es la base sobre la que el Gobierno catalán escribirá la nueva ley de Integración e incluye también las peticiones que trasladará al Ejecutivo central ante cualquier modificación de la ley de Extranjería. Entre éstas se incluye la de otorgar el derecho de voto a los inmigrantes en las elecciones municipales siempre que acumulen cinco años de residencia legal e ininterrumpida.

El acuerdo contará hoy con el apoyo de Convergència i Unió pese a que no incluye una de las principales peticiones de esta formación: que los inmigrantes deban pasar una prueba para demostrar su nivel de integración y de catalán. El tripartito, los sindicatos y las ONG lo rechazaron por completo.

Los nacionalistas tampoco ven con buenos ojos las facilidades para otorgar derecho de voto a los inmigrantes y la demanda que se hace al Gobierno central para que facilite la obtención de la nacionalidad, al rebajar a cinco años el tiempo de residencia para acceder al pasaporte español.

El pacto ha provocado tensiones en el tripartito en los casi dos años de gestación que ha tenido. En un principio, Esquerra Republicana quería que todos los inmigrantes tuvieran que pasar por un curso denominado “proceso de acogida” para demostrar su conocimiento de catalán y su nivel de integración. El PSC se negó a ello. Finalmente, este curso será optativo, aunque en la práctica hacerse con un certificado de asistencia a estas clases será la fórmula más fácil para que los ayuntamientos reconozcan la voluntad de arraigo de los inmigrantes. Comisiones Obreras y el PP no firmarán el documento

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Las víctimas extranjeras de violencia machista podrán optar a un permiso de residencia

El Gobierno aprueba un plan integral para prevenir el maltrato doméstico entre inmigrantes.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Atención y Prevención de la Violencia de Género entre la población extranjera inmigrante. Según informa El País, la norma contempla la formación especializada de los profesionales que atienden a mujeres inmigrantes. El Ministerio de Igualdad desarrollará campañas de sensibilización y editará folletos informativos que serán traducidos a siete idiomas. En la nueva Ley de Extranjería figurará la posibilidad de obtención de un permiso de residencia temporal a las víctimas de violencia de género

El Plan tendrá vigencia para el periodo 2009-2012 y contempla información, formación, sensibilización y medidas estructurales para lograr una atención adaptada a las circunstancias específicas de las mujeres extranjeras inmigrantes víctimas de violencia de género.

La Ley Integral contra la Violencia de Género garantiza los derechos de todas las mujeres víctimas con independencia del origen, religión o cualquier otra circunstancia personal o social. El objetivo de este Plan consiste en aproximar los recursos a la población inmigrante y crear las condiciones adecuadas para la prevención de este tipo de violencia y la atención desde una perspectiva global, pues la mayor dependencia de estas mujeres hacia su agresor, debido a la falta de redes de apoyo sociales y familiares, origina una mayor inseguridad a la hora de romper con la violencia.

Información y sensibilización

Para hacer llegar estos recursos a la población inmigrante, el Ministerio de Igualdad realizará campañas específicas de sensibilización en los medios de comunicación y editará folletos informativos sobre los derechos de las víctimas y los recursos disponibles dirigidos a mujeres extranjeras, que serán traducidos, en principio, al rumano, ruso, búlgaro, árabe, chino, francés e inglés. Asimismo, para implementar el Plan el Ministerio establecerá una vía de colaboración con las Embajadas y Consulados de aquellos países con una mayor presencia de mujeres extranjeras en España.

En cuanto a la formación, el Ministerio de Igualdad, en colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración, pondrá en marcha módulos formativos destinados al personal de las Oficinas de Extranjería, a los voluntarios de las asociaciones de inmigrantes, agentes sociales y ONGs, con el objeto de capacitarles en prevención, detección y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia. Además, junto con el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte promoverá la formación del profesorado, especialmente de los destinados a la educación de personas adultas.

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